Degradación humana y colapso ambiental / Tercera parte

Parlamento de Colonias




La acelerada degradación ecológica de Jalisco, tanto en el campo, las costas y ciudades, en todos los ecosistemas que posee nuestro territorio, está directa y proporcionalmente relacionada con los altos niveles de degradación moral de su clase política y empresarial. Ambos poderes de control sobre la sociedad establecen las reglas escritas y no escritas -actos discrecionales- para el reparto del botín producto del deterioro ambiental por la explotación desmedida de los ecosistemas en sus componentes bióticos y abióticos, así las descargas de residuos contaminantes a suelos, aire y cuencas hidrológicas, provocando así, el colapso ambiental de todo el orden natural y de las ciudades, que son ecosistemas heterotróficos esencialmente dependientes de altos niveles en flujos energéticos e hidrológicos (Odum 1997). Tal desorden requiere de un orden político con altos perfiles de conocimientos y vocación ética, cualidades que no existen hasta ahora en Jalisco. A la fecha, ningún sector, absolutamente ninguno, se ha atrevido a impulsar cambios cualitativos y estructurales que permitan la construcción de un auténtico proyecto de desarrollo sustentable para la entidad con una visión de integralidad. Ésta es una tarea de todos, tal vez sea la última oportunidad que tengamos, antes que sea tarde para lamentarlo. A continuación, expongo someramente unos casos sintomáticos de degradación ambiental y moral registrados en nuestra Bioregión:

Los siniestros poderes económicos provenientes de grupos inmobiliarios, constructores, consultorías en materia de desarrollo urbano y fraccionadores relacionados por intereses mezquinos con funcionarios públicos de alto y mediano nivel, que en algunos casos son socios o dueños de dichas empresas, han impedido que los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG),elaboren y pongan en vigor el Ordenamiento Ecológico Territorial a una escala que permita, primero, reconocer que la ciudad es un ecosistema complejo y delicado, y segundo, planear su desarrollo y crecimiento, identificando y definiendo variables de sustentabilidad, para garantizar la armonía de las actividades económico-productivas con el medio ambiente y su equilibrio ecológico, obteniendo el bienestar humano a partir de que la ciudad debe ser para todos sus habitantes la dimensión civilizadora capaz de proteger y conservar en su entorno: agro-ecosistemas, bosques, selvas, costas, manglares, barrancas, acantilados, lagos y ríos, como,acuíferos y manantiales.

Ante las amenazas del cambio climático, deben existir acciones concretas viables y posibles para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, elaborar un inventario de fragilidad y vulnerabilidad de la población y de esta forma emprender en forma decidida las medidas de protección y prevención de riesgos. En la ZMG no se han desarrollado programas de reubicación de asentamientos humanos en alto riesgo, como lo demuestran episodios verdaderamente dramáticos de fraccionamientos construidos por debajo del nivel del río Santiago como es La Azucena y otros desarrollos que se autorizaron en la parte baja de la cuenca del Ahogado, al borde del canal de la presa, como es Jardines del Castillo, ambos asentamientos de decenas de miles de viviendas se han inundado con aguas residuales de origen industrial y doméstico en tiempos de lluvia. Otro aspecto que demuestra carencias de iniciativas tanto privadas como públicas, es que hasta ahora no existe una planta generadora de electricidad a partir de los gases que emiten los rellenos sanitarios que reciben más de 6 mil toneladas diarias de residuos sólidos –dicho sea de paso, los lixiviados están fuera de control como el reciente problema de Picachos en Zapopan. Así, estamos por debajo de la zona metropolitana de Monterrey, cuyos municipios reciben para su alumbrado público energía eléctrica que producen de su basura por iniciativa de empresarios regiomontanos, éxito que les produjo un reconocimiento mundial en contra del cambio climático.

En medio de cuestionamientos por inviabilidad e inconsistencias, así también de advertencias anticipadas por falta de profesionalismo y ética, el Proyecto de Abastecimiento de Aguas para la Zona Conurbada de Guadalajara por parte del Gobierno del Estado, ha quedado en un rotundo fracaso, el cual constituye un escandaloso gasto cercano a mil millones de pesos del erario por la Comisión Estatal de Agua (CEA). Al empecinarse en la construcción de la presa de Arcediano y desconociendo, como descalificando la opinión de expertos y especialistas universitarios, así también de actores de la sociedad civil, el ingeniero Enrique Dau Flores y el ingeniero César Coll Carabias, tendrán que responder y dar cuenta, con alto nivel de responsabilidad y de cara a la sociedad, sobre el fracaso de sus decisiones: nulo estudio económico y prospectiva financiera; imprecisiones del proyecto ejecutivo; vicios conceptuales de la manifestación de impacto ambiental; desconocimiento de riesgos a la salud de la población por la mala calidad del agua que se pretendía “potabilizar” y abastecer; ignorancia en políticas hidrológicas sustentables; impericia en la interpretación de los estudios geológicos e hidrológicos; incertidumbre y conflicto en cuanto a las características estructurales de la cortina; falta de voluntad política para la participación ciudadana en la toma de decisiones; falsedad en cientos de declaraciones oficiales; gastos desorbitados y discrecionales; ocultamiento y tergiversación de información técnica, entre otras prácticas desaseadas y visibles a los ojos de la opinión pública. Pretendiendo ocultar el grave error, el gobernador de la entidad menciona a un “Sistema Arcediano”, pero todo mundo se ha dado cuenta de la tomada de pelo y ahora cuestiona: la desaparición del puente colgante decimonónico de Arcediano que fue derribado, destrozando un monumento histórico de incalculable valor. La desaparición de la comunidad rural de Arcediano y la falta de justicia en el caso de Lupita Lara Lara, sobreviviente moral, por lo que se exige a la autoridad resarcir sus derechos de propiedad y reparación de diversos daños; el desmonte de cientos de hectáreas de vegetación con terribles impactos al nicho ecológico de flora y fauna.

Los Juegos Panamericanos en que se han comprometido las autoridades locales, se traen haciendo un alarde de innumerables bondades y beneficios económicos a nuestra ciudad de Guadalajara al ser cede de dichos encuentros deportivos. Habría que evaluar qué tan cierto es y a quiénes realmente beneficia el sonado evento. Por lo que toca a las controvertidas edificaciones e instalaciones al rigor que marca la ODEPA, hay que señalar que el desorden urbano en que ha crecido la metrópoli tapatía demuestra no tener los espacios idóneos, ni reservas territoriales para tan majestuosos estadios y Villa Olímpica, es decir, ya constituyen una amenaza ambiental por ser ubicados en áreas naturales protegidas, en el Parque Metropolitano de Guadalajara, en áreas de transición, de conservación y protección al acuífero, es decir en ecosistemas ricos en biodiversidad y bienes hidrológicos. Frente a este panorama por demás depredador, quienes están aprovechando la ocasión son funcionarios públicos y empresarios de la construcción, que a estas alturas ya se han llevado a los bolsillos una buena fortuna de los contribuyentes, así surgen puntos de conflicto: Parque Morelos, El Disparate, El Bajío del Arenal, el Metropolitano, entre otros aspectos que descubren a una clase gobernante de poco oficio, vocación y carencia absoluta de ética.

Jaime Eloy Ruiz Barajas

Profesor-investigador, titular “B” de tiempo completo en la UdeG. Imparte la materia de Ecología y un seminario de Educación Ambiental. Promotor forestal con programa de restauración ambiental en la subcuenca hidrológica Atemajac–Colomos. Asesor del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.Coordinador de Ciudadanos por el Medio Ambiente (Ong).Miembro del Consejo Consultivo de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio de Guadalajara. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Ambientales y Sociales, A.C.