A efecto de erradicar e ir desalentando la práctica del grafiti, el regidor del PAN en el Ayuntamiento de Guadalajara, Héctor Alejandro Madrigal Díaz, propuso la creación de una Unidad Departamental Antigrafiti, cuyo órgano se responsabilizará de rehabilitar las zonas y espacios recreativos que han sido “vandalizados”.
En su propuesta, el edil considera que el grafiti ha deteriorado el comercio, los servicios, la cultura, el deporte y otros muchos ámbitos de la ciudad que la distinguen por su belleza.
En el proemio de su dictamen señala que la unidad se encargará también de establecer contacto directo con los comités vecinales, comunidades estudiantiles y con los propios grafiteros, a fin de invitarlos a resolver el problema e identificar espacios en donde éstos puedan seguir pintando sin afectar la propiedad privada e inmuebles de valor arquitectónico.
Madrigal Díaz asevera que la obra de los jóvenes puede exponerse en museos, galerías, casas de cultura, cines y plazas comerciales.
“Para que la expresión de los jóvenes en el grafiti sea en vía propositiva, canalizando sus manifestaciones artísticas, creativas y expresivas por medio de actividades que giran en torno a la actividad callejera y la propuesta institucional”, sostiene el regidor.
Los jóvenes que sean sorprendidos in fraganti rayando los muros, subraya el panista, serán sujetos de las sanciones estipuladas en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Guadalajara, que en su artículo 13 fracción XXVII califica el grafiti como una falta a la libertad, al orden y paz públicos.
“Sancionándose de 50 a 100 días de salario mínimo vigentes, o arresto de 36 horas, al causar daño o afectación material o visual a bienes inmuebles de propiedad particular empleando cualquier medio, que altere su presentación u ornamento”.
En caso de reincidencia, apunta el edil, los infractores tendrán que pagar con trabajo comunitario.
Madrigal Díaz puntualizó que la Unidad Antigafiti se apega al estado de derecho y cumple con lo dispuesto en la Ley General de las Personas con Discapacidad (no aclara si a los grafiteros se les puede considerar personas discapacitadas), y en lo que se refiere a derechos humanos, elimina las barreras de posible discriminación y en lo social cumple con la correcta administración de la justicia.
La unidad no necesitará de una partida especial para su funcionamiento, ya que se empleará al mismo personal que labora en la Dirección de Mejoramiento Urbano y se apoyarán sus tareas de vigilancia con elementos de la Dirección de Seguridad Pública.
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