La estrategia política de presentar las elecciones legislativas como un plebiscito en el que votar por el PAN suponía apoyar al Presidente, obtuvo un inobjetable rechazo. En Jalisco, la derrota llevó a la debacle los sueños continuistas de un panismo voraz e insensible cuyas fracciones pelean ahora por el costo de los platos rotos. La reedición de la guerra sucia ya no sorprendió a una ciudadanía harta de tanto agravio. El hartazgo hacia el panismo se tornó un triunfo del PRI. Esta inclinación pragmática hacia el bipartidismo, como ciudadanos no nos garantiza nada, más allá de la salida del panismo en los puestos municipales más importantes y la disminución de su peso en la Legislatura local. No se traduce de manera directa en el arribo ciudadano al poder. Sin embargo, el triunfo del PRI es un triunfo relativo por la razón sencilla de que una proporción importante de sus votantes no votaron por él sino contra el PAN. Fue el voto de castigo el que lo encumbró y eso el PRI lo tiene que tener muy presente y saber leer bien. Porque el problema de fondo para los ciudadanos es la calidad de vida en el futuro inmediato, así como la necesidad de resolver la agenda nacional con un talante democrático y no con el consabido acuerdo bipartidista y cupular. Veamos: “pobreza, desempleo, menos crédito externo, caída en remesas, son los pronósticos del Banco Mundial para América Latina”; “están por venir los peores efectos sociales y políticos de la crisis económica”, Pascal Lamy, jefe de la Organización Mundial de Comercio (La Jornada, 8 de julio de 2009, páginas 24 y 26).
Entonces, las necesidades de la población no son prioritariamente esa guerra al narcotráfico. La población exige mejores empleos, y el “presidente del empleo” ha ofrecido desempleo; la población necesita mejores escuelas, clínicas y hospitales y el panismo no sabe, no quiere o no le importa garantizarlos. El voto de castigo ha sido contundente. El reclamo continúa en pie, es necesario reorientar la política neoliberal y de privatizaciones traducidas en oportunidades para enriquecer a la elite del poder. Las prioridades de la población, hay que repetirlo, no pasan por los escritorios, los negocios, las complicidades y las elucubraciones de lo que los tecnócratas “creen que necesita” y promueven contra la resistencia ciudadana (el listado de agravios es largo).
En el frente de la izquierda, su caída se debió básicamente a la irresuelta disputa interna en el PRD y en el extinto FAP (Frente Amplio Progresista), de tal manera que en la mayor parte del país concurrieron divididos e incluso enfrentados (Iztapalapa), y a que el crecimiento del voto nulo (sobre todo en el DF) se hizo a costa, sobre todo, del voto por la izquierda. En Jalisco, salvo el representativo triunfo en el municipio de Tlajomulco, los resultados están a la vista. Habrá que sacar las conclusiones conducentes.
Por otra parte, Julio Boltvinik ha calculado que “el movimiento por el voto nulo, a nivel nacional, habría elevado en 2 puntos porcentuales los votos nulos si suponemos que en su ausencia, el nivel de éstos habría sido igual al de 2003: de 3.36 por ciento. Un logro significativo: alrededor de 680 mil votos que, favoreció al PRI”. (La Jornada, 10 julio 2009). La afectación a la izquierda, así como el fortalecimiento al PRI, como se había previsto, demuestra que la publicitada estrategia no era inocente ni su resultado apoya la tesis de su combate a la partidocracia.
La lógica indica que por diversas razones PAN y PRI están ahora obligados a contener sus excesos, pero las inercias, los intereses creados y las complicidades están por encima de la lógica. Todo indica que están decididos, para salvaguardar sus privilegios, a pagar el costo de la impopularidad de las imposiciones para enfrentar la crisis, como pronto veremos. ¿O no es muy mal augurio la siguiente noticia: “Acuerdos Emilio-PRI, el fondo del enojo de Acción Nacional”? (La Jornada Jalisco, primera plana, 9 de julio 2009).
El hartazgo ciudadano tiene sus manifestaciones y sus causas. Las representaciones políticas, los partidos y los candidatos, con loables excepciones, una vez en el ejercicio del poder y el presupuesto, traicionan una y otra vez la llamada voluntad ciudadana. Convirtiendo la cosa pública en negocios privados, la justicia en tráfico de influencias; para lograrlo, impunemente mienten, corrompen y se corrompen, violan la ley, calumnian, encarcelan, secuestran y matan a quienes luchan contra esa realidad inhabitable. El costo de mantener en el poder esa minoría es cada vez más alto para el país y sus habitantes, particularmente los más desfavorecidos. Somos un país de políticos ricos y de pueblo empobrecido. Somos, como tituló su libro Sara Sefchovich, un país de mentiras… y, agregamos, de complicidades, de corrupción inagotable, de abuso de poder.
El sistema, desde los más bajos peldaños de la escalera política, está diseñado para que esa elite se mantenga indefinidamente en el poder. Le apuestan a seguir manipulando a la población a través del ministerio de propaganda constituido por el duopolio televisivo al que generosamente han cedido el derecho de uso del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación, es decir, de usted, de aquel, de nosotros. Buscan, a través de la política del engaño, seguir gobernando con sus aliados corporativos. Creen que la corrupción indefinida seguirá “aceitando el sistema” como reconoció el ex presidente De la Madrid recientemente.
La transición democrática publicitada a los cuatro vientos en el año 2000 devino un bipartidismo presto a repartirse las cuotas de poder, los contratos, las concesiones y las impunidades con furiosa codicia. El ejercicio de la ley se convirtió en una singular subasta de intercambio de impunidades. Finalmente, los pleitos y las complicidades no tienen sino el mismo origen común: el reparto del botín. Trátese de Pemex, las cuotas de poder, las privatizaciones, incluidos rubros tan disímbolos como penitenciarías y guarderías como dolorosamente demostró el caso sonorense.
La transparencia, la aplicación de la ley, el combate a la corrupción, quedaron tan sólo en lema de campaña, igual que la presidencia promotora del empleo. La violencia y la impunidad se han acrecentado con políticas anticrimen que los especialistas en el tema han calificado una y otra vez como erráticas y desacertadas. Y lo son porque no apuntan a la prevención, a la profesionalización de la investigación, a las redes financieras del blanqueo del dinero, sino tan sólo a golpes selectivos y efectistas que han incrementado la violencia indiscriminada, sin que haya una verdadera solución, a pesar de las reiteradas y triunfalistas campañas gubernamentales. La militarización del país más parece orientada a contener las oleadas de protesta social producto del desempleo, de la carestía de la vida, de la inseguridad, de los nocivos efectos de la privatización en la sociedad.
No habrá democracia en el país mientras siga concentrando poder el ministerio de propaganda de las televisoras. En la próxima Legislatura tendrán su propia fracción en el Partido Verde (Proceso 1704, 28 de junio). También atentan contra la democracia los grandes corporativos que evaden al fisco y seguramente impulsarán en la próxima Legislatura la aplicación del IVA a alimentos y medicinas para paliar la crisis fiscal que sus privilegios producen, los narcoempresarios y el férreo control sindical en maridaje presidencial, no importando el color del partido en el poder, sino la buena salud de los barones del capital. Son poderes fácticos cuya impunidad y legitimidad no se discute.
No habrá democracia mientras no se resuelva el inequitativo reparto de la riqueza nacional, ni los riesgos que corremos como nación afiliándonos a planes de seguridad diseñados e impuestos por el poder imperial. Mientras siga su marcha una privatización que convierte en mercancía todo cuanto toca (suelo, aguas, biodiversidad, seguridad social, educación, salud), con las altísimas ganancias que esto acarrea para una minoría insaciable y selecta, y los costos que inmensos y dolorosos a cargo de la mayoría de la población. ¿Por qué no empezar a debatir sobre la crisis económica, la de legitimidad al inicio y final de sexenio, y las alternativas al bipartidismo rejuvenecido?
En la participación de todos en estos graves problemas está la sustancia de la democracia. De lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos tan sólo con el Priankenstein.
Responsable de la publicación: José Fernando Estrada Godínez, encargado de Comunicación Social del Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana. Correo electrónico: eg_fernando@hotmail.com; además, visita nuestra página electrónica: info@parlamentodecoloniasgdl.org, o comunícate con nosotros al 12-01-57-55.
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