El derecho al territorio

JORGE ROCHA



Una de las formas de analizar los derechos humanos es la que está referida al tipo de sujetos que son depositarios de los mismos. Hay sujetos individuales y sujetos colectivos; y por ende podemos hablar de derechos individuales y derechos colectivos. Hay quienes proclaman que existe una contradicción entre este tipo de derechos y otros pensamos que efectivamente hay una tensión entre algunos de ellos, pero que se resuelve de acuerdo a las particularidades locales e históricas de cada comunidad o sociedad luego de un discernimiento comunitario.

Uno de los derechos humanos colectivos más importantes y fundamentales es el derecho al territorio, que se define como la posibilidad que tiene una colectividad de decidir sobre cómo, en qué y por qué un espacio se destina a una u otra cosa. Esta facultad de decidir sobre el espacio físico es una de los elementos fundamentales de la autonomía de una sociedad y de una comunidad. Aquel colectivo que no tiene plenos derechos sobre su territorio no puede ser considerado como autónomo a toda cabalidad y esto nos lo han mostrado de muchas maneras y desde hace mucho tiempo los pueblos indígenas de México y Jalisco.

Una de las claves para entender las luchas de los pueblos de Mezcala, del pueblo wixaritari, de la comunidad indígena de Ostula, de los nahuas del Sur de Jalisco; pero también del Parlamento de Colonias, de los vecinos de La Calma, de Jardines de la Cruz, de los que habitan la avenida Río Nilo, los que viven en las inmediaciones del Parque Morelos, los habitantes de Temacapulín e incluso los que critican la modificación del uso de suelo en la Barranca de Huentitán para la construcción de un estadio de atletismo y edificios de departamentos es precisamente la posibilidad de decidir sobre el territorio, es decir, para qué, en qué y cómo se destinará un espacio físico y su hábitat.

Para el capitalismo global la explotación del territorio ha sido una fuente inagotable de reproducción y acumulación del capital. La creación de desarrollos urbanos y turísticos se ha convertido en el origen de una infinidad de negocios que regularmente se disfraza con la idea de progreso. Se vende la imagen de que estas inversiones dejarán altas derramas económicas, y a la vez son una señal inequívoca del desarrollo y la modernidad. Asfaltar es la prueba fehaciente de que una comunidad ha salido del atraso y ha entrado por la puerta grande al mundo desarrollado.

Es cierto que estas obras crean empleos temporales y que en algunos casos satisfacen las necesidades de vivienda de una comunidad, sin embargo la lógica del capitalismo global no es resolver necesidades ni elevar la calidad de vida de todo el conjunto de una población, el criterio fundamental es hacer negocios. Es más, creemos que cuando se justifica que algo se hace por “negocio” ya no queda ningún argumento para rebatir una decisión, se impone per se.

La voracidad del capitalismo utiliza con bastante frecuencia a la clase política para sus fines, no importa el partido al que pertenezcan. Así podemos ver como conceden permisos, se hacen de la “vista gorda” cuando no se cumplen las normativas, se cambian los usos de suelo, se perfilan proyectos de desarrollo urbano aún y cuando los legítimos depositarios del derecho al territorio que son las colectividades que allí habitan no estén de acuerdo, o consideren que éstos no son prioritarios. La pregunta de fondo es ¿por qué aquellos que se suponen deberían garantizar que los derechos colectivos se cumplan, terminan suplantando a los grupos y comunidades creyendo que ellos y sus visiones son los depositarios del derecho al territorio?

El hecho de ser votado lo único que les asigna es la responsabilidad de garantizar y hacer valer los derechos de todas y todos. No es una transferencia de derechos, ni de voluntades, es más ni siquiera de inteligencia o de pensamientos. Tienen que preguntar y asegurarse de que efectivamente la comunidad quiere algo.

La lógica perversa que se ha impuesto es: se vota por la clase política, para que luego favorezca los intereses del capitalismo global con el falso argumento de que el desarrollo es para todas y todos. El único sujeto depositario del derecho que posibilita la decisión sobre el para qué del territorio son los ciudadanos que allí habitan, ni más, ni menos. Como diría el dicho popular: “A ustedes quién les dio pa’ cuetes”, es decir, a ustedes políticos quién les dijo que pueden decidir sobre el territorio sin preguntar a los ciudadanos.

No es gratuito que los casos donde se disputa esta capacidad de esta decisión sobre el territorio se ha convertido en una fuente permanente de conflictos sociales, que prácticamente inundan al estado y el país.

Una de las buenas noticias que arrojan estos conflictos es que cada vez más, las personas y los colectivos a los que pertenecen, toman conciencia que ellos son los depositarios de estos derechos, y que pueden exigir y luchar por su cumplimiento. Para ello se organizan y van identificando que no hay gran diferencia entre la exigencia del Pueblo de Mezcala a definir su desarrollo, a las resistencia de los vecinos de Temacapulín de que su Pueblo sea inundado y la oposición que se ha entablado en torno a la construcción de la Línea 2 del Macrobus.

Decidir sobre el espacio en el que vivimos es un derecho colectivo fundamental. Ni clase política, ni el capital, pueden estar por encima de este derecho humano.

jerqmex@hotmail.com